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La sentencia del TJUE 3 de marzo 2020

Conforme a la noticia del diario El País,  (ver sentencia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1583253448797&uri=CELEX:62018CJ0125), admite que los consumidores puedan alegar la nulidad del tipo conocido como IRPH, por no cumplir con la exigencia de transparencia.

 

No obstante comentar brevemente los extremos siguientes:

 

1.- La STJUE 3 de marzo 2020 contradice claramente la Sentencia del Tribunal Supremo de 14/12/2017 (STS 2017).

Cabe recordar que en su fundamento de derecho segundo, apartado 2 dice que “En consecuencia, el índice como tal  no puede ser objeto del control de transparencia desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la legislación nacional protectora de consumidores. El art. 4 LCGC excluye de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, al igual que hace el art. 1.2 de la Directiva 93/13…”, así como en el apartado 4 del mismo fundamento donde dice que “En suma, ni a tenor de la Directiva 93/13/CEE, ni de la LCGC ni del TRLGCU puede controlarse  un índice de referencia, como el IRPH-Entidades, que ha sido fijado conforme a disposiciones legales”

Por el contrario la STJUE 3 de marzo 2020 dice en el apartado nº 37  dice:

“…que el artículo 1, apartado 2 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que sí está comprendida en el ámbito de aplicación de esa misma Directiva la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que estipule que el tipo de interés aplicable al préstamo se base en uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios, cuando esa normativa no establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con independencia de la elección de las partes en el contrato ni su aplicación supletoria en el supuesto de que las partes no hayan pactado otra cosa.”

Por tanto  el índice como tal -IRPH- según STJUE 3 de marzo 2020 si puede ser objeto del control de transparencia desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE.

 

2.- Que con independencia de la transposición del art. 4, apartado 2 de la Directiva 93/13/CEE, debe interpretarse que los Tribunales están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato, conforme acuerda la STJU 3 de marzo 2020, en el apartado nº 47.

En cuanto al carácter claro y comprensible  de una cláusula  se concreta por la STJUE  3 de marzo 2020, en el apartado nº 52 de una forma contundente en cuanto a la exigencia de la transparencia (no solo en el plano formal y gramatical, sino que la transparencia debe interpretarse de manera extensiva –ver apartado nº 50-) cuando dice que:

 “Dado que la competencia del Tribunal de Justicia comprende exclusivamente la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión, en este caso de la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C?92/11EU:C:2013:180, apartado 48 y jurisprudencia citada), corresponde solo al órgano judicial remitente llevar a cabo las comprobaciones necesarias a este respecto, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que figuran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo (sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C?26/13EU:C:2014:282, apartado 74; de 26 de febrero de 2015, Matei, C?143/13EU:C:2015:127, apartado 75, y de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C?186/16EU:C:2017:703, apartado 46). Más concretamente, incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, verificar que, en el asunto de que se trate, se hubieran comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo. Desempeñan un papel decisivo en tal apreciación, por una parte, la cuestión de si las cláusulas están redactadas de forma clara y comprensible, de manera que permitan a un consumidor medio, según se ha descrito a este en el apartado 51 de la presente sentencia, evaluar tal coste y, por otra parte, la falta de mención en el contrato de préstamo de la información que se considere esencial a la vista de la naturaleza de los bienes o de los servicios que son objeto de dicho contrato (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C?186/16EU:C:2017:703, apartado 47 y jurisprudencia citada).

 

3.- Que la STJUE concreta de forma expresa la transparencia en la fecha de celebración del contrato:

Por tanto,  las entidades de crédito están o estaban  obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH durante los dos años naturales anteriores a la celebración del contrato y del último valor disponible (apartado nº 54).

 

4.- La cuestión de las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula que establece el tipo IRPH, hay que tener en cuenta que la STJUE en ningún momento se inclina por la sustitución por el Euribor.

Suele ser lo que se estima como procedente –por ejemplo con la noticia del diario El Pais-, pero lo que se propone como sustitutivo es llamado “tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España” y que se regulan en la disposición adicional decimoquinta de la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de emprendedores y su internacionalización, en concordancia con la disposición transitoria única de la Orden EHA 2899/2011, de los conocidos como IRPH de bancos e IRPH Cajas de Ahorros.

Al respecto cabe ver lo acordado por la STJUE en el apartado 65:

En el caso de autos la cláusula controvertida establece que el cálculo del tipo de interés variable se basará en el IRPH de las cajas de ahorros. No obstante, de la documentación de que dispone el Tribunal de Justicia resulta que este índice legal, previsto por la Circular 8/1990, fue reemplazado, en virtud de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013, por un índice sustitutivo que el Gobierno español califica de «supletorio». En efecto, sin perjuicio de la comprobación que lleve a cabo el juzgado remitente, la disposición adicional citada establece que se aplicará dicho índice sustitutorio en defecto de otro acuerdo diferente entre las partes del contrato.

Y apartado nº 66 : “En este contexto, en el supuesto de que el juzgado remitente constatara, en primer lugar, el carácter abusivo de la cláusula controvertida; en segundo lugar, que el contrato de préstamo hipotecario sobre el que versa el litigio principal no podría sobrevivir sin tal cláusula, y, en tercer lugar, que debido a la anulación del contrato el demandante en el litigio principal quedaría expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, podría reemplazar la cláusula controvertida por el índice sustitutivo contemplado en la Ley 14/2013, siempre que pueda considerarse que con arreglo al Derecho nacional el referido índice tiene carácter supletorio.

 

5.- En cuanto a los posible limitación o no de los efectos de la sentencia, la STJUE deja claro en el apartado nº 72 “…que no procede limitar temporalmente los efectos de la presente sentencia” (lo que aclara porque el Gobierno español solicitó al Tribunal de Justicia en sus observaciones escritas y orales que limitara los efectos temporales de la sentencia -adoptando una postura contraria a los consumidores-).

 

6.- Y que “…en caso de declaración de nulidad de cláusulas como la controvertida, el juez nacional quedará facultado, en las condiciones que se han recordado en el apartado 67 de la presente sentencia, para sustituir el índice adoptado en la cláusula en cuestión por un índice legal que sea aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato.” (apartado nº 70).

 

7.- En cuanto a las declaraciones (parte que corresponde al fallo en las sentencias en España) son 4 y nos remitimos a la STJUE.

Las comentamos de forma resumida:

1) Que si puede ser cláusula abusiva la que estipule el tipo de interés en base a uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa nacional (IRPH).

 2) Que los tribunales están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una cláusula que se refiere al objeto principal del contrato.

3) Que la cláusula del tipo de interés variable debe cumplir la exigencia de transparencia y

4) Que en caso de nulidad de la cláusula que fija un indice de referencia el juez nacional lo puede sustituir por un índice legal aplicable a falta de acuerdo entre las partes, siempre que el préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva.

La conclusión desde mi punto de vista es que se trata de una sentencia favorable a los intereses de los consumidores, porque considera que el tipo IRPH puede ser anulado por falta de transparencia de forma similar o parecida a una cláusula suelo.

Lógicamente debe ser caso por caso y que  el juez nacional aprecie la falta de transparencia de cada caso.

Se trata de una cláusula del tipo IRPH,  donde normalmente las entidades no informaban de nada, es decir, tienen complicado acreditar la información previa del cliente antes de la firma de la hipoteca, respecto a la evolución pasada del IRPH en los años anteriores, ni tampoco es fácil acreditar que el cliente haya entendido lo que era el tipo IRPH.

No obstante no se inclina por la declaración de nulidad del tipo IRPH y que pueda subsistir el préstamo con la devolución exclusivamente del capital, sino que para la STJUE se debe sustituir por el previsto en la legislación para el indicado por desaparición del IRPH.

Por tanto, declarada nula por falta de transparencia la cláusula IRPH, hay que realizar un recalculo del cuadro de amortización.

La finalidad será  sustituirlo por el procedente que también puede ser el euribor, pero por acuerdo entre las partes, .

En caso contrario la STJUE  se inclina por el que el Juez nacional la sustituya por el índice previsto por desaparición del IRPH, si bien tampoco impide que el juez nacional lo sustituya directamente por el euribor. En cualquier caso  se tendrá que realizar un nuevo cuadro de amortización, donde al interés pagado de más por aplicación  del IRPH,  hay que sumar el interés legal de la diferencia de cada cuota hasta la sentencia, que se supone determinará el tipo de interés aplicable del préstamo hipotecario concreto que sigue vigente.

En los préstamos hipotecarios vencidos, cancelados o sustituidos por subrogación hipotecaria, tendrá que declararse previamente la nulidad del IRPH por falta de transparencia y solicitar posteriormente en ejecución de sentencia el reintegros de las cantidades pagadas de más por aplicación de IRPH e interés legal de la diferencia de cada cuota.

En consecuencia para la reclamación de estos  derechos  es imprescindible la dirección jurídica de Abogados especializados en Civil e Hipotecario y la reclamación individualizada de cada caso.

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