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Administrativo y Contencioso

El Derecho Administrativo y Contencioso es una rama hija de la Ilustración y salvaguarda los derechos de las personas frente a la Administración.

 

Abarca una amplia cantidad de subramas como si fueran las ramas de un árbol. 

En primer lugar tenemos el Derecho Estatal, Autonómico y Local, unido por la Constitución y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

También es común la Ley Procesal, Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Al respecto conviene destacar dos cuestiones prácticas principales: 

En primer lugar que el plazo para presentar demanda contencioso-administrativa es de dos meses contados desde el día siguiente … al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.


Si no lo fuera, el plazo será de 6 meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto. (art. 46.1 LJCA). 

Y en segundo lugar que en el procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo hay que presentar directamente la demanda con todos sus requisitos. 

Por tanto el plazo que parece suficiente se torna muy corto en muchos casos. 

Las cuestiones sobre las que conoce el orden jurisdiccional contencioso-administrativo son muy amplias y se establecen en el art. 2 LJCA. 

Al respecto destacar la del apartado e), es decir, que conoce de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 

Y cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. 

Concretando que la Administración no puede ser demandada por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social. 

Incluso aunque en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. 

La demanda contencioso-administrativa debe tener una relación en su fundamentación jurídica con la del recurso administrativo previo. 

 Además el hecho de encontrarse redactado el recurso administrativo previo por un abogado aumenta las posibilidades de éxito en la vía Administrativa.

 

Destacar por sus repercusiones económicas la rama del Derecho Tributario autonómico y local:


La Administración catastral ha procedido a una revisión general elevando los valores catastrales. 

Por lo tanto han aumentado de forma indirecta los impuestos, entre otros, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), tanto rústicos como urbanos. 

Existen errores en el catastro de diversa naturaleza que pueden dan lugar a un impuesto excesivo. 

En realidad los errores no se corrigen de oficio, aunque algunos piensen lo contrario. 

Por eso es necesario un procedimiento de rectificación de errores, incluso en ocasiones recurrir al Contencioso-Administrativo.

 

 - Derecho tributario autonómico: 

 

Como son los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, así como el de Sucesiones y Donaciones. 

Por lo general tenemos liquidaciones complementarias por revisión de las autoliquidaciones de los contribuyentes. 

No obstante algunas liquidaciones complementarias son improcedentes y por comodidad se pagan.

  

- Derecho tributario local: 

 

Por otro lado tenemos el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

También conocido como impuesto de Plusvalía. 

Si bien el sujeto pasivo del IIVTNU es el vendedor, también lo son los herederos o donatarios de un bien inmueble urbano. 

Respecto al IIVTNU la sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo de 2017 declaró que: 

Los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son inconstitucionales y nulos. 

Pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

 

Por su parte el Tribunal Supremo aplica la doctrina del Constitucional sobre la plusvalía: 

 

Mediante la desestimación de un recurso de casación en interés de ley en la sentencia TS de lo contencioso nº 1132/2017, de 27 de junio de 2017. 

Por tanto el Tribunal Supremo entiende que: 

  • La doctrina legal que ha de proponerse no puede consistir en la mera reproducción de preceptos legales…; 

  • Pero, sobre todo, el Tribunal Constitucional ha dictado, recientemente, sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad … 

En concreto STC 26/2017, de 16 de febrero, STC 37/2017, de 1 de marzo, … y STC 59/2017, de 11 de mayo. 

Son estas sentencias las que fijan la doctrina constitucional,… conforme a la cual ha de ser interpretado y aplicado el precepto objeto de este recurso. 

En conclusión, como Abogados de Córdoba como podemos afirmar que no se pueden someter a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

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